06 Ago Ley medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
Desde principios de 2012, las reformas estructurales que se están llevando a cabo en nuestro país persiguen 3 objetivos:
• Estabilizar nuestra economía tanto en términos de déficit público e inflación como de equilibrio exterior.
• Sanear las entidades financieras, de forma que vuelvan a canalizar el crédito hacia la inversión productiva.
• Flexibilizar las condiciones laborales, para así aumentar la competitividad de nuestra economía y generar empleo.
Dentro de este tercer objetivo se encuentra la ya archiconocida Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización. Los expertos son conscientes de la enorme importancia cuantitativa y cualitativa que tienen las pymes y los autónomos para dinamizar la economía española, dada su capacidad de generar empleo y su potencial de creación de valor.
Sin embargo, precisamente esta clase de empresas y empresarios están registrando en los últimos años un importante descenso de su actividad económica y han tenido que desarrollar su actividad económica en un entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que lejos de ayudar, ha mermado su capacidad de adaptación a los cambios.
Con la finalidad de tratar de revertir tal situación económica, tal y como les adelantamos hace unos días, el pasado 26 de julio de 2013 se aprobó en sede parlamentaria la Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, que proviene del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
Cabe recordar que aunque el anteproyecto de ley se aprobó en mayo de este año, el Gobierno ha introducido una serie de cambios, como:
• La ampliación de la cuota plana de autónomos a 50 euros durante 6 meses para todos aquellos que cursen alta en este régimen por primera vez, independientemente de su edad.
• Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad: se ha amplíado de 3.000 a 9.000 euros la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad y se crea una nueva deducción de 12.000 euros por cada persona de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65%. Esta deducción se pone en marcha dentro del impuesto de sociedades o dentro del IRPF, en función de la tributación de la unidad empresarial generadora de empleo.
• Ampliación del perfil de empresas que se pueden beneficiar de los incentivos fiscales por reinversión de beneficios. El primer texto de la ley limitaba esta deducción del 10% a las empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones. Con esta enmienda, las empresas que superen este volumen de negocio podrán aplicar la deducción en el año inmediatamente superior al que lo sobrepasaron.
• Ampliación de los beneficios fiscales para «business angels» (inversores privados). Los particulares que aporten capital semilla a una empresa de nueva creación contarán con una deducción del 20% en el IRPF con una base máxima de 50.000 euros al año. Aunque se limita la participación de cada contribuyente y sus familiares directos en la entidad hasta un 40%. Anteriormente, el límite máximo de deducción se situaba en 20.000 euros y se podía obtener un beneficio fiscal de 4.000 euros/año.
Con este cambio, el ahorro fiscal por inversiones en empresas mediante la figura de business-angel puede llegar a 10.000 euros anuales en el IRPF, cifra considerable que hace mucho más atractiva la inversión en empresas de nueva creación.
• Con respecto al criterio del pago del IVA de caja, ha quedado pendiente desarrollar como se llevará a cabo y qué supuestos serán los amparados, aunque está previsto que comience aplicarse a partir de 2014.
A continuación, un resumen del contenido principal de la Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización:
Medidas de lucha contra el desempleo juvenil:
Se crean medidas de lucha contra el desempleo juvenil: se establecen las bases para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años entre las que destacan la implantación de una cuota inicial reducida de 50€, la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.
La cuota reducida de 50€ al mes se aplicará a todos aquellos que cursen alta en el régimen de autónomos por primera vez o bien, o que no hayan estado en alta en este régimen durante los últimos 5 años.
Implantación de la «tarifa plana» de 50 euros para nuevos autónomos durante los 6 primeros meses, de manera independiente a su edad. Una medida justa, que se adapta a la realidad económica de nuestro país, en la que tanto la falta de crédito, como el desempleo y la crisis no hacen distinciones por fecha de nacimiento.
En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15% para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20% para el exceso sobre dicho importe, aplicable en el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este. También, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de fomentar el inicio de la actividad emprendedora, se establece una nueva reducción del 20 % sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este. Así mismo, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se suprime el límite actualmente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único.
En relación con el Impuesto sobre sociedades, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, se introduce una nueva disposición adicional decimonovena en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
Disposición adicional decimonovena Entidades de nueva creación:
1. Las entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1 de enero de 2013, que realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a la siguiente escala, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta ley, deban tributar a un tipo diferente al general:
a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, al tipo del 15 por ciento.
b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20 por ciento.
Igualmente, se aplicará la escala señalada en el párrafo anterior, en el caso de cooperativas de nueva creación, tanto respecto de los resultados cooperativos como extracooperativos.
Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de base imponible que tributará al tipo del 15 por ciento será la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando esta fuera inferior.
2. Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad de pago fraccionado establecida en el apartado 3 del artículo 45 de esta ley, la escala a que se refiere el apartado 1 anterior no será de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados.
3. A los efectos de lo previsto en esta disposición, no se entenderá iniciada una actividad económica:
a) Cuando la actividad económica hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 16 de esta ley y transmitida, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.
b) Cuando la actividad económica hubiera sido ejercida, durante el año anterior a la constitución de la entidad, por una persona física que ostente una participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad de nueva creación superior al 50 por ciento.
4. No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de un grupo en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio , con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.Disposición adicional decimonovena redactada, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, por el artículo 7 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo («B.O.E.» 27 julio).Vigencia: 28 julio 2013 Efectos / Aplicación: 1 enero 2013
En la misma línea se adoptan medidas destinadas a incentivar la incorporación de jóvenes a las empresas de la economía social, así como estímulos a la contratación de jóvenes en situación de desempleo. Entre estos últimos, destacan los incentivos destinados a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, a la contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos y a la contratación en prácticas. Además, se estimula la contratación por jóvenes autónomos de parados de larga duración mayores de 45 años y la contratación de jóvenes para que adquieran una primera experiencia profesional.
Destacan: Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven, Primer empleo joven, Incentivos a los contratos en prácticas, Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social, mejora de la intermediación laboral, etc.
También se aprueban una serie de medidas que favorezca la financiación de las empresas y la inversión en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), así como la financiación de algunas entidades locales y algunas comunidades autónomas, tema muy controvertido por la llamada financiación asimétrica. “Se acabó el café para todos”.
En cuanto a la lucha contra la morosidad, aunque el derecho español después de la modificación indicada cumple, en líneas generales, con las nuevas exigencias de la Unión Europea, hay determinados aspectos en los que existe alguna divergencia que hace ineludible la reforma de la Ley 3/2004. Entre las modificaciones que ahora se operan, en primer término, se encuentra la determinación de los plazos de pago, que es objeto de simplificación. Se precisan tanto los plazos de pago como el cómputo de los mismos, se incorpora la previsión relativa a los calendarios de pago y cómo se calcularán los intereses en caso de que alguno de los pagos no se abonara en la fecha pactada. Se reforma también el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar, que pasa de siete a ocho puntos porcentuales los que se han de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación. En la indemnización por costes de cobro se prevé que en todo caso se han de abonar al acreedor una cantidad fija de 40 euros, sin necesidad de petición previa, que se añadirán a la que resulte de la reclamación que sigue correspondiéndole por los gastos en que se incurrió para conseguir el cobro de la cantidad adeudada. Además, desaparece el anterior límite de esta indemnización, que no podía superar el 15 % de la deuda principal.
Por ejemplo: Como norma general, el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.
Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.
Finalmente, se aprueban medidas para la racionalización del sector ferroviario y de estabilidad de los precios de los productos petrolíferos.
Con esta ley se busca apoyar la iniciativa emprendedora, el desarrollo empresarial y la creación de empleo, para fomentar la competitividad de la economía española y generar nuevos puestos de trabajo.
Ante cualquier duda, puede consultar con el equipo de profesionales de la Asesoría Nemesio.