¡Reformar ya las Administraciones Públicas!

El Consejo de Ministros del viernes 21 de junio aprobó un informe para reformar la Administración General del Estado y de la Seguridad Social, las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, y creó la Oficina para la Ejecución de esas Reformas. Está “colgado” en la web www.lamoncloa.gob.es

El informe fue redactado por una Comisión técnica (CORA), en colaboración con un Consejo Asesor integrado por la Defensora del Pueblo, y por organizaciones de empleados públicos, empresariales y sindicales, de consumidores y usuarios, de trabajadores autónomos, de cámaras de comercio, y de empresas de consultoría.

Me ha sorprendido la enorme capacidad de lectura de quienes pocas horas después de publicarse el informe, o al día siguiente, ya estaban emitiendo juicios de valor absolutamente descalificatorios, acusándolo de quedarse muy corto en las reformas, o de querer sustituir a los funcionarios por personal laboral.

Supongo que muy pocos lo han leído entero; son 253 páginas, con 217 medidas de muy diverso calado. Aún serán menos quienes, habiéndolo leído, se hayan formado una opinión bien fundamentada.

No soy funcionario ni empleado público, pero sí he leído el informe con mucha curiosidad e interés, como ciudadano y abogado. No ha sido una lectura fácil por su extensión, lavariedad de reformas, y la enumeración de sus objetivos y justificaciones. Confieso que carezco de los conocimientos necesarios para aceptar o rechazar con motivos y razones convincentes las 217 reformas propuestas, ni una a una, ni en su conjunto. Unas serán más acertadas que otras; algunas -¡ojalá sean las menos!- estarán equivocadas; y seguro que el informe ha olvidado o descartado reformas importantes que más adelante se aprobarán.

A mi modo de ver, en España el peso de las Administraciones Públicas Estatal, Autonómicas y Locales es muy grande, aunque el informe asegure que está por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Casi tres millones de empleados públicos, y un gasto público del 43,40% del PIB en 2012 sin contar los intereses de la Deuda, requieren transparencia, eficiencia, abandonar viejas concepciones de “autoridad” para sustituirlas por las de “servicio”, eliminar duplicidades entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, suprimir trabas, simplificar procedimientos, facilitar el acceso de los ciudadanos a las Administraciones, mejorar la gestión de los servicios y medios comunes, racionalizar la Administración Institucional y eliminar entidades públicas ineficientes.

Deseo que la Oficina estatal para la ejecución de esas reformas se ponga a trabajar ya, intensamente y sin parar. Estoy seguro de que la gran mayoría de españoles y de empleados públicos coinciden con este deseo, porque las Administraciones Públicas que no sirven a los ciudadanos, no sirven para nada.

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